El Banco Central de Brasil anunció la introducción de nuevas normas regulatorias que amplían los requisitos para todas las empresas tradicionales del mercado financiero que actúan como intermediarios, custodios o corredores de criptomonedas. Estos cambios tienen como objetivo simplificar y controlar las actividades de las empresas de criptomonedas en el país.
Obligaciones de los proveedores de servicios de activos virtuales
Según las nuevas normas, los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) que operan en el mercado brasileño de criptomonedas están obligados a someterse al proceso de autorización y obtener el permiso del Banco Central de Brasil para realizar sus actividades. Estas operaciones ahora se equiparan a las del mercado de divisas y el mercado internacional de capitales, lo que subraya la importancia de observar los estándares de seguridad financiera.
Requisitos para los sistemas de gestión de riesgos
Para cumplir con los nuevos requisitos regulatorios, los PSAV deben implementar sistemas de gestión de riesgos, ciberseguridad y protección del cliente. Esto incluye medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En particular, las empresas están obligadas a proporcionar la autorización de los contratistas que operan con activos virtuales y la documentación pertinente. Se implementarán procesos contables necesarios para verificar el origen de los fondos y el propósito del pago en activos virtuales. También se restringirán las transacciones con contrapartes no autorizadas, cuyo monto no podrá exceder los $100.000.
Periodo de transición y entrada en vigor
Las nuevas normas que regulan el mercado de criptomonedas entrarán en vigor en febrero de 2026. Se otorgará un periodo de gracia de nueve meses para que las empresas se adapten a los nuevos requisitos. Esto les dará tiempo a las empresas de criptomonedas para implementar los cambios necesarios y prepararse para cumplir con los nuevos estándares.
Cambios naturales
Cabe destacar que, anteriormente, las autoridades brasileñas retiraron los beneficios fiscales para los inversores en criptomonedas y establecieron una tasa impositiva fija del 17,5% sobre las ganancias para todas las operaciones con activos digitales. Estas medidas también buscan racionalizar el mercado e incrementar la recaudación fiscal proveniente de las actividades con criptomonedas.